Desde la instalación del gobierno peronista se venía discutiendo la necesidad de adecuar a la "Nueva Argentina" los postulados de la vieja Constitución. La incorporación al texto de nuevas precisiones sobre los derechos y garantías de los trabajadores, propiedad del subsuelo, definición de un rol más activo de parte del Estado en aspectos que hacen a la función social y a la propiedad y la duración de mandatos pasó a ser un tema central en el debate.
Convocada la reforma a fines de 1948, la Convención constituyente tuvo su primera reunión el 24 de enero de 1949 y luego de prolongados debates la nueva constitución fue aprobada el 11 de marzo de 1949.
Campamento y auxiliares de campo en el trabajo de exploración del distrito de Agua de Dionisio.
El hecho de que el Partido Peronista tuviera holgada mayoría facilitó el rápido trámite de su redacción y aprobación. En ésta tuvo un rol importante el Dr. Arturo Sampay, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Buenos Aires que, si bien venía del radicalismo yrigoyenista, fue uno de los nuevos y entusiastas adherentes al gobierno de Perón.
A Sampay se le atribuyen gran parte del articulado del nuevo texto, particularmente el artículo 40 que, entre otras cosas, declaraba que "…Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias".
Esta nueva disposición pasó al Estado Nacional la propiedad de las minas sustrayéndola de la jurisdicción provincial, tal como hasta entonces sostenía el Código de Minería.
Fue una medida revolucionaria por cuanto la nueva disposición modificaba sustancialmente conceptos que tenían un fuerte arraigo en lo que respecto al descubrimiento de las sustancias mineras y por ende la adjudicación de las propiedades.
Pero la puesta en marcha de lo prescripto por la nueva Constitución fue complicada. Las provincias si bien aceptaron esta nueva legalidad, en sus jurisdicciones no dejaron de mantener en funcionamiento a los organismos que registraban los pedidos de minas y producían las adjudicaciones de derechos sobre éstas.
Previo al registro definitivo, el Gobierno nacional dictó el decreto 1934/51 con fecha 31 de enero de 1951, mediante el cual, amparado por lo previsto en la Constitución Nacional en su artículo 40, declaraba reserva estatal al sector mineralizado de Agua de Dionisio tal como en reiteradas veces lo había planteado Abel Peirano.
Con esta medida legal dictada por el gobierno del General Perón se daba por finalizada la discusión y dilaciones que planteaba la Provincia de Catamarca respecto a la titularidad del distrito minero sobre el cual desarrollaba intensos trabajos la Universidad Nacional de Tucumán.
Hay que destacar que para ello hubo intensas gestiones en Buenos Aires las que lograron la firma del mencionado decreto. Se destaca que para entonces faltaban dos meses para que vencieran los 300 días acordados para la etapa exploratoria y bajo la titularidad de los donantes a la Universidad.
Debe señalarse que el decreto de referencia automáticamente suspendió los pedidos de los donantes, lo que en definitiva vino muy bien por cuanto, años más tarde, al anularse la Constitución peronista, volvieron a tener vigencia y continuó el amparo a favor de la Universidad.
A partir de ese momento la Dirección Nacional de Minería se hizo cargo de la continuidad de los trabajos en el sector; motivo por el cual se llegó a un acuerdo mediante el cual la Universidad cedía en préstamo instalaciones y equipos al organismo nacional. En su artículo 2, el convenio establecía claramente lo siguiente: ".. queda sobreentendido que el uso de todos estos bienes que la Universidad presta a la Dirección Nacional de Minería, es con el objeto de que la misma en el plazo estipulado directamente o por intermedio de terceros, complete la exploración minera, ya iniciada en dicho yacimiento, para entregarla para su explotación, a la Universidad Nacional de Tucumán, de acuerdo con los derechos que a esta le asista".